Soledad Valle comenta en Diario Médico una sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que ha atendido al recurso presentado por un preso que sufrió en prisión una agresión por parte de otro y en consecuencia ha condenado a Instituciones Penitenciarias a indemnizarle con 11.640 €.  Elfundamento es que el Estado, a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, es responsable de los internos y está obligado a observar las normas y protocolos establecidos para su correcta atención y que dado que el agresor tenía “un trastorno explosivo intermitente de la personalidad y un trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones y el comportamiento”, según expuso el informe médico forense en el juicio, “la Administración sí quebrantó especiales deberes impuestos por la normativa […] la debida observación del interno, la constatación de su especial condición psíquica y, en definitiva, el riesgo que la anterior crea, debieron ser oportunamente ponderadas para, o bien determinar un mayor aislamiento o bien establecer unas medidas de seguridad de tal relevancia que conjugaran el peligro que el preso presentaba”.